Ley de datos personales: la fecha se mueve, el problema de gestión no

El 1 de diciembre de 2026 debía empezar a regir en Chile la nueva ley de datos personales. El gobierno ya propuso correr la fecha, utilizando como argumento que la agencia que debe fiscalizarla todavía no logra constituirse, y en muchos comités ejecutivos eso se lee como una buena noticia: un año más de aire. Nuestra perspectiva es diferente: a menudo, cuando se mueve la fecha que sostiene la implementación de una ley, es posible ver con claridad a quién incomoda, por qué incomoda y para qué se hizo la ley.

Lo que se movió

En mayo, el Senado rechazó la terna que propuso el Presidente para el consejo directivo de la agencia. El 1 de junio venció el plazo legal para designar el consejo. A comienzos de agosto, el biministro Daniel Mas reconoció que el gobierno evaluaba postergar la ley, porque "ha costado encontrar a las personas que integren el consejo".

El 1 de septiembre, el Ejecutivo ingresó al Senado, con suma urgencia, un proyecto que fija la entrada en vigor para el 1 de diciembre de 2027 y amplía el consejo de tres a cinco integrantes. Trae además un cambio menos comentado: la ley permitía que, durante su primer año de vigencia, la agencia optara por una simple amonestación por escrito solo frente a las empresas de menor tamaño; el proyecto extiende esa facultad a todas, incluidas las grandes. Hoy está en primer trámite.

Lo que hay detrás de la fecha

Más allá del argumento oficial, hay poderes e intereses reales que operan.

La primera fuerza es la resistencia a la transparencia. La ley da a cada persona derecho a saber qué datos suyos se tratan y para qué, y a llevárselos a otro responsable. Para industrias que viven de la información personal, el dato deja de ser un activo cautivo. La Asociación de Aseguradores pidió aprovechar la postergación para que la nueva ley permita usar datos personales con fines estadísticos y de tarificación, tal como lo reconoce expresamente la legislación actual. Y el exsenador Felipe Harboe, coautor del proyecto de 2017, atribuyó el retraso a presiones de industrias que quieren seguir usando los datos sin restricciones.

La segunda son los costos: cambiar sistemas, contratos y procesos, bajo multas de hasta 20.000 UTM que, para empresas grandes reincidentes, pueden llegar al 4% de sus ingresos anuales. La CPC pidió postergar y la Asociación de Bancos valoró el nuevo plazo. Un grupo de senadores fue más lejos: presentó un proyecto que califica esas multas de desproporcionadas y baja el máximo a 5.000 UTM.

La tercera es geopolítica, y tiene nombre: Estados Unidos. La ley chilena siguió el modelo europeo: exige garantías para enviar datos fuera del país, obliga a los proveedores extranjeros a tener representante en Chile y alcanza a plataformas que atienden desde afuera a residentes en Chile. En esto, y contra la imagen que suele circular en Occidente, China está más cerca de Europa que de Estados Unidos: su ley de 2021 también impone a las empresas obligaciones fuertes frente a las personas, incluso fuera de su territorio, con alcance extraterritorial y representante local. Estados Unidos, en cambio, no tiene una ley federal equivalente, es sede de las grandes plataformas y trata esas reglas como barreras comerciales. En febrero de 2025, Trump firmó un memorando que abre la puerta a aranceles contra impuestos y regulaciones digitales extranjeras que afecten a sus empresas, y la moción de los senadores cita las objeciones del USTR, la oficina comercial estadounidense, a las reglas chilenas sobre transferencias y extraterritorialidad, advirtiendo que el tema puede entrar en la negociación arancelaria con Washington.

¿Pero de qué se trata?

Dentro de cada organización, las tres fuerzas se vuelven preguntas concretas. La ley exige responder, para cada dato personal guardado, quién lo recolectó, con qué justificación, cuánto tiempo se conserva y quién responde por él. Esas respuestas van mucho más allá de una perspectiva legal. Viven en selección, con currículos de hace seis años en carpetas compartidas; en remuneraciones, que administra licencias médicas con criterios que nadie escribió —datos de salud, aunque la empresa no sea una clínica—; en marketing, con bases cuyo origen nadie recuerda.

Ningún abogado puede responder por ti por qué tu área de selección guarda currículos de 2020. Esa respuesta es un proceso, y si no existe, hay que diseñarlo.

Un informe jurídico dice qué exige la norma, pero no quién apaga el archivo compartido ni cómo se renegocian veinte contratos de servicio. Ese trabajo es de estructura y procesos. Y la geopolítica aterriza en algo muy doméstico: si la nómina o el sistema comercial viven en servidores de otro país, cada proveedor es una transferencia internacional que habrá que respaldar.

Brasil ya rodó esta película

Brasil muestra que una agencia sin instalar no obliga a detener una ley. La ley brasileña de datos, de 2018 y muy cercana al modelo europeo, entró en vigor el 18 de septiembre de 2020 tras prórrogas, y su autoridad, la ANPD, tuvo directorio un mes después, cuando la ley ya regía. Lo que se aplazó fueron las sanciones, hasta agosto de 2021. Es casi la fórmula que propuso Harboe para Chile: postergar solo fiscalización y sanciones, y mantener el resto de la ley.

El final pesa más que el comienzo: en 2022 la ANPD pasó a ser autoridad independiente y en enero de 2026 la Comisión Europea declaró que Brasil ofrece un nivel de protección adecuado.

Cómo pensaste el cumplimiento decide si sobrevive

Las mismas fuerzas que mueven la fecha en el Congreso operan dentro de cada empresa. Si el cumplimiento se le presentó al directorio como una forma de evitar multas, muere el día en que la multa se aleja doce meses. Si en cambio se pensó como saber qué información maneja la organización y quién responde por ella, la postergación no lo toca.

Lo que conviene hacer con el año

Levantar el inventario de datos, revisar los contratos con proveedores y definir responsables no se comprime en las últimas semanas: quien espere la fecha nueva llegará igual de tarde, solo que un año después. Y ese primer inventario suele ser el primer mapa honesto de procesos que tiene una organización.

En Gestacción sabemos de procesos y de datos, y podemos acompañarte a observar qué mecanismos necesitas activar e implementar. No conviene seguir demorando: con esta fecha o con la siguiente, la ley llega. Trabajamos para que el cambio realmente ocurra — y se sostenga.